Hace 30 años, el gobierno del Dr. Alfonsín tuvo que enfrentar el pasado reciente que había dejado la dictadura militar y consolidar el futuro de la democracia en Argentina. Una era la impunidad, a partir de la aceptación de la ley de auto-amnistía dictada por el último general de la dictadura, Reinaldo Bignone y otra el olvido y el perdón, que nos habría emparentado con nuestra propia historia nacional y la de otros países del mundo que así eligieron conducir sus transiciones democráticas.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo, impulsado por una verdadera vocación democrática, eligió la Justicia. Gracias a ello, el 22 de abril de 1985 comenzaron las audiencias orales y públicas en las cuales un tribunal, compuesto por jueces civiles, juzgó y condenó a los jefes de las juntas militares por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Inmediatamente después de recuperada nuestra democracia, Alfonsín generó las condiciones de posibilidad para llevar a cabo una profunda investigación sobre lo ocurrido entre 1976 y 1983 y luego procesar a 9 ex comandantes.

Para lo primero, creó la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), que presentó el informe “Nunca Más” en diciembre de 1984. Para lo segundo, anuló la ley de auto-amnistía y dictó el decreto 183/83 en donde ordenó enjuiciar a los jefes de las juntas militares que usurparon el gobierno nacional argentino.

La decisión en avanzar en esta dirección por parte de las flamantes autoridades democráticas electas, no reunió el consenso esperado. Si bien existieron muchas figuras públicas provenientes del ámbito político, científico, artístico y social que acompañaron activamente el largo camino hacia el enjuiciamiento civil, la permanencia de nuestra jovial democracia continuaba siendo amenazada por los cuarteles del poder castrense, que aunque debilitado y des-legitimado, aún gozaba de la capacidad suficiente para desestabilizar nuestras instituciones.

A pesar de ello, la investigación, acusación, juicio y sentencia, fueron posibles gracias a la firmeza y determinación política no solo del Poder Ejecutivo, sino también del Congreso Nacional y del propio Poder Judicial que tuvo la última palabra. También fue decisiva la labor de los integrantes nacionales y provinciales de la CONADEP y de Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos, como las Madres de Plaza de Mayo.

Las imágenes de aquellos años ya daban cuenta de la enorme trascendencia histórica de lo que estaba ocurriendo. En efecto, en el banquillo de los acusados, observamos a los ex comandantes. Fue particularmente fuerte ver a los ex dictadores Videla, Massera, Agosti, Viola, Graffigna, Lambruschini, Galtieri, Anaya y Dozo despojados de todo su poder e investidura, silenciosos, cabizbajos y serios mientras escuchaban el testimonio de ex detenidos, familiares de víctimas de desaparecidos, o eran acusados por una fiscalía que expuso y demostró, sin tapujos, el plan sistemático ejecutado bajo sus órdenes, cuyo objetivo fue asesinar, secuestrar, torturar y desaparecer miles de personas.

Con el correr de las audiencias y la cobertura mediática de las mismas que revelaba más información sobre lo ocurrido en nuestro propio país, las expectativas fueron creciendo tanto entre partisanos del juicio como en sus principales detractores, que no precisamente constituían una minoría contempladora o pasiva.

Finalmente, la sentencia condenatoria fue un triunfo de la justicia que sentó las bases morales del nuevo orden republicano y democrático que se proponía afianzar, con todas las dificultades que ello suponía.

En la Argentina de Alfonsín, no hubo amnistías, no hubo códigos ni tribunales especiales; no hubo jurados ad hoc; ni acuerdos de impunidad. Se buscó la justicia por vía de la Constitución y el Estado de Derecho.

Nunca antes en la historia de nuestro país, y del mundo, un gobierno elegido democráticamente juzgó, con todas las garantías del debido proceso, a sus propios jefes militares por crímenes de lesa humanidad. Fue un proceso que requirió mucho coraje y valentía en aquellos que participaron con la esperanza de lograr Memoria, Verdad y Justicia.