Desde el año 1995 la ciudad de Santa Fe comenzó a recibir recursos provenientes del “Fondo del Conurbano”, a razón de $ 8.500.000 anuales, los cuales significaban por aquel momento 23,8 pesos/dólares por cada habitante de la ciudad. La ciudad de Rosario recibía $ 20.500.000, lo cual implicaba una cifra per cápita del mismo orden.

En el año 2005 se creó, a manera de compensación, el Fondo de Obras Menores por un total de $ 20 millones destinado a las 360 localidades que no recibían ese Fondo del Conurbano, significando $ 11,20 por habitante de ese conjunto de localidades.

Sin embargo, a partir de ese momento el Fondo de Obras Menores fue creciendo no sólo en valores absolutos en pesos sino también en valores absolutos en dólares y en valores promedio por habitante. En el año 2007 el Fondo de Obras Menores ya era de $ 40 millones, en el año 2008 de casi $ 70 millones hasta crecer en forma continua hasta este año donde alcanza los $ 251 millones.

En cambio, la ciudad de Santa Fe, al no incluirse en el Fondo de Obras Menores, al ser congelado en valores absolutos el monto del Fondo de Conurbano y al tener un lógico crecimiento poblacional pasó de recibir $ 23,8 por habitante de la ciudad en el año 1995 a recibir 21,3 por habitante en este año 2013, una caída de 10 % en los valores per cápita. Pero la caída en términos objetivos es aún mayor, dado que en 1995 cuando se crea el Fondo de Conurbano, la ciudad recibía 23,8 dólares por cada habitante y actualmente sólo recibe 3,6 dólares por habitante, implicando una caída medida en dólares de casi el 85 %.

En términos comparativos concretos el conjunto de ciudades incluidas en el Fondo de Obras Menores recibe 6 veces más que la ciudad de Santa Fe, medido en términos per cápita. Planteado en términos más sencillos: por cada peso que recibe un habitante de la ciudad de Santa Fe, los habitantes de las otras 360 localidades (excepto Rosario) reciben $ 6,20.

Esta profunda inequidad, lejos de ser subsanada, es pronunciada por el proyecto aprobado por la oposición en la legislatura provincial. Cuando fui Diputado Provincial, participe en la Comisión del Fondo de Obras Menores, y por experiencia puedo afirmar que:

-Afecta el equilibrio de poderes (propio de los sistemas republicanos) al otorgar mayor poder relativo a los Intendentes en detrimento de los Concejos Municipales. La introducción de la figura de la “aprobación ficta” por parte de los concejos permite a cualquier intendente lograr una aprobación con el sólo hecho de enviar información incompleta al Concejo y dejar correr el tiempo (evitando que pueda analizar el proyecto en profundidad) o bloquear el tratamiento legislativo mediante diversas tácticas (demora en una “comisión” del Concejo controlada por concejales del oficialismo), entre otras.

-El Proyecto sancionado prevé que los fondos se envíen de forma automática, incluso sin necesidad que el municipio o comuna presente el proyecto. Esto posibilita que los Municipios o Comunas reciban recursos sin siquiera tener definido el destino que le darán. Esto deviene en la posibilidad del uso de esos recursos “en un mientras tanto” para otros destinos. Esto profundiza los problemas que hoy existen en muchos municipios y comunas, en donde no serán raras las circunstancias en las cuales reciban recursos y luego, al momento de presentar el Proyecto, no los disponga. Esta situación representa un riesgo importante en los casos de cambio de gobierno, luego de elecciones comunales o municipales, donde el nuevo gobierno pueda recibir el Municipio o Comuna con un Proyecto no ejecutado completamente y sin existencia de los fondos.

-El envío de los fondos en 12 cuotas no constituye una solución adecuada para casos de proyectos que requieren menos plazos de ejecución. Esto implicará que el Municipio o Comuna deba optar entre ejecutar con recursos propios la obra y recuperar luego los recursos o esperar a tener los recursos para comenzar la obra. Todas estas circunstancias resultan agravadas por la existencia de un marco inflacionario que devalúa el poder adquisitivo de los recursos. Es decir, si un municipio ejecuta el proyecto con recursos propios, el recupero de los recursos no significará recuperar el “poder adquisitivo” de los recursos propios que afectó, dado el efecto inflacionario. En igual sentido, si el municipio o comuna espera tener los recursos (12 cuotas) para comenzar la obra, el valor de la misma será superior a lo que recibirá y deberán asignarse recursos propios para completar la diferencia.

Sin dudas esta Ley merece ser vetada. Hay argumentos sólidos que afectan los conceptos de autonomías municipales, participación de los Concejos Municipales o minorías, y su aplicación va en desmedro del espíritu de la Ley misma.