14 AGO 2020 / Publicaciones
Nota de opinión
Los Jardines Particulares, su realidad agonizante y un desdén innecesario y evitable

 La ciudad de Santa Fe fue y es una nave insignia en materia de Educación Inicial.

Personalmente participé y colaboré con la ex concejala justicialista Cristina Giudici, cuando en 1998 se sancionó la Ordenanza 10.275, que comenzó a tomar a estos establecimientos con la jerarquía y rigurosidad que se requería y podía en ese entonces. Había que salir de las guarderías garaje, en donde los niños quedaban en guarda de un mayor idóneo o no y sin ningún un tipo de infraestructura.

 

Luego en el 2005, declaramos desde el Concejo la promoción de la educación inicial en la ciudad, y entre otras cosas los eximimos -como una muestra de pertenencia a una idea y aliento a los Jardines- de la obligación de pagar el DREI.

 

Ya en el 2012, desde la Presidencia del Concejo, junto al ex Intendente Corral, impulsamos el actual Sistema Municipal de Educación Inicial, así como la construcción de más de una decena de Jardines que hoy son de Gestión Municipal. Este sistema encuadra a los Jardines Municipales como a los Jardines particulares de la ciudad.

 

Durante todo este tiempo -más de 20 años- ninguna pieza se movió sin participación de los representantes y propietarios de los Jardines particulares. Estuvimos orgullosos de lo avanzado y además fuimos una referencia a nivel Nacional. En realidad el conjunto de Jardines Particulares y la Educación Inicial avanzo mucho durante este tiempo. También es cierto que desde ese entonces y hasta el día de hoy, ni el Gobierno Nacional ni el Provincial fiscalizan, registran, observan o controlan a los Jardines particulares existentes como tampoco a los Jardines de Gestión Municipal.

 

También en este lapso largo e intenso, y en donde también fui diputado provincial, hemos convocado a autoridades del Ministerio de Educación, legisladores, juristas, docentes y otros sectores, para debatir la vinculación de estos establecimientos municipales con el sistema Educativo, ya que la ley Nacional de Educación 26.206 establece que “La Educación Inicial constituye una unidad pedagógica y comprende a los/as niños/as desde los CUARENTA Y CINCO (45) días hasta los CINCO (5) años de edad inclusive, siendo obligatorio el último año”.

 

La misma ley indica que las instituciones comprendidas son las de Gestión estatal (pertenecientes tanto a los órganos de gobierno de la educación como a otros organismos gubernamentales) y las de Gestión privada y/o pertenecientes a organizaciones sin fines de lucro, sociedades civiles, gremios, sindicatos, cooperativas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones barriales, comunitarias y otros.

 

Estoy convencido que este concepto –a priori- refiere a los Jardines Incorporados por el Ministerio y que no lo hace con los particulares ya que jamás ha existido gestión alguna que lo demuestre.  No quiero decir que no se haya querido tenerlos en cuenta a la hora de sancionar la ley, simplemente expreso que no se ejecutó lo que la ley anhelaba.

 

En Santa Fe existe la ley Provincial 10.459 – varias veces mencionada en los decretos del actual Gobernador- que dispone la creación del “Registro Único provincial obligatorio de instituciones que brinden educación inicial, sean estas guarderías, jardines maternales, jardines materno infantiles, jardines de infantes o similares, que se dediquen a la atención de niños desde su nacimiento hasta el ingreso al ciclo primario. Dicho registro se crea en el ámbito del Ministerio de Educación”. Tampoco se cumplió en ningún aspecto. Ni en la creación del Registro ni todo que dice después.

 

Es decir, desde hace tiempo venimos planteando que ni el Estado Nacional y ni el Provincial cumplen las leyes vinculadas a este tema, ni los jardines reciben ningún apoyo o subsidio en ningún sentido. Ni sus docentes están reconocidas en el Sistema. Pero para no entrar en esta discusión, solamente pretendo analizar las consecuencias de las acciones tomadas o que se dejaron tomar.

 

Con el surgimiento de las medidas vinculadas a la pandemia, todos los establecimientos comerciales, educativos e industriales cerraron, y paulatinamente fueron reabriendo con sus protocolos. No es necesario aclarar que el sistema educativo, -inicial, primario y secundario- aun no volvió a la normalidad.

 

Si bien soy de los que piensa que, con protocolos, cuidados, y restricciones los Jardines particulares podrían haber vuelto a trabajar, respeto mucho a quienes piensan distinto. Aun cuando nuestras plazas estén llenas de chicos subidos a los juegos y en los bares puedan coexistir menores y mayores de distintos grupos, es verdad que la realidad de los jardines puede ser considerada compleja. Es todo muy contradictorio, doloroso y a veces muy injusto.

 

De lo que sí deseo opinar es acerca de la inclusión de estos establecimientos –y hablo concretamente de los Jardines particulares de la ciudad y de toda la Provincia y no de los incorporados- al Sistema Educativo.

 

El Gobierno Nacional –en la voz de su Ministro de Educación- sostiene que si, que son parte del sistema. Consultado si en ese sentido y teniendo en cuenta que son los lugares en donde nuestros hijos de hasta tres años se educan, no correspondía que se habilitara algún tipo de ayuda especial, dijo que no.

 

La Ministra de Educación de la Provincia afirmó claramente por los medios de comunicación que los Jardines son establecimientos que nada tienen que ver con el Ministerio, sin embargo, el Gobierno Provincial menciona las Leyes mencionadas y otros aspectos vinculados con el cuidado de los niños cuando prohíbe la apertura de los Jardines, atándole las manos inclusive a los intendentes, los que en la enorme mayoría de casos tampoco se han manifestado en este sentido con claridad.

 

Lo cierto es que los Jardines en un gran porcentaje, no han recibido las ayudas del Estado Nacional, en algunos casos reciben el subsidio del Gobierno Provincial, que es tremendamente escaso, y solo se sostienen en función del pago de algunos padres que todavía perseveran en defender y apostar a la Institución. Los sueldos, los servicios y los aportes se pagan o se deben, para el caso es lo mismo.

 

La pregunta es: Si los Jardines pertenecen al Sistema Educativo, ¿cuál es el motivo por el cual no se los rescata? ¿Acaso no se los coloca en el mismo lugar que los incorporados, que el sistema primario o el secundario? ¿Se va a poder denominar Sistema, cuando en la realidad no tengamos establecimientos de educación inicial en cantidad suficiente, porque todos o la mayoría hayan quebrado por falta de ayuda?

 

Creo que en realidad caímos en una trampa mortal para estos Establecimientos que deberían ser parte del sistema  educativo desde hace mucho tiempo pero que en realidad no lo son. Y esta realidad, para los que luchamos por jerarquizar estos espacios es dolorosa.

 

Por poner un ejemplo en la ciudad de Santa Fe, los Jardines Particulares reciben más del 70% de nuestros niños. Que pensamos cuando decimos que los cerramos atendiendo al cuidado de ellos. ¿Acaso creemos que se van a quedar en sus casas, al cuidado de abuelos, vecinos u otros familiares? ¿O será que creemos que a causa de la pandemia nuestros hijos hibernan y nos dejan salir a trabajar?

 

Realmente no es así. La realidad es que en la mayoría de los casos, a medida que se iban abriendo actividades, los padres debieron volver a salir a trabajar, algunos debieron optar en principio por la “niñera” o “cuidadora”, y con el correr de los días y los meses, por una cuestión natural de costos debieron volver a utilizar la vieja estructura de los “jardines Garaje”… aquellos que tanto intentamos terminar en pos de formalizar la educación de nuestros hijos y que hoy no son más que emprendimientos que están por fuera de cualquier norma.

 

Si el Gobierno decide en función del cuidado de los niños cerrar los Jardines no puede dejar de pensar quien y como les brindarán a esos mismos niños el cuidado que se pretende resguardar. Cuidado que por ser niños, debe estar garantizado por el Estado.

 

Hay provincias, ciudades de otras provincias, que han hecho cosas. Que han intentado hacer algo por no llegar a esta realidad. Deberían ponerse de acuerdo. Si son parte del Sistema es obligación protegerlos ya que los necesitamos. Si no son parte del sistema, era obligación no hacerlos correr la suerte de las escuelas y encontrar mecanismos de cuidados para que, así sea en parte y por ejemplo con menos niños, puedan seguir con sus labores con lo hacen otros establecimientos.

 

La política y las decisiones deben tener coherencia y sentido común. Si no es así, vamos perdiendo la confianza y afianzamos situaciones verdaderamente injustas. Si hoy son parte del Sistema Educativo y de quien dependen o no; si pudieron tomarse medidas para su apertura parcial o no, son las discusiones que están planteadas a 5 meses de su cierre y cada opción tiene sus consecuencias. Sería fantástico que cuando se resuelva, más que una decisión no sea una autopsia para este sector.

 

 


Leonardo Simoniello

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